El preso político Carlos Alain Abrahantes Valdés fue enviado a una celda de aislamiento en la prisión Kilo 8, en Camagüey, después de participar en la redacción de una carta que denunciaba hambre, malos tratos y falta de atención médica dentro del penal.
Según otros reclusos, la medida fue una represalia por dirigir la denuncia a organizaciones internacionales de derechos humanos. La carta describía problemas de alimentación, enfermedades, hacinamiento y escasez de medicamentos entre la población penitenciaria.
Abrahantes Valdés, condenado a ocho años de prisión, inició posteriormente una huelga de hambre para protestar por el castigo. De acuerdo con los testimonios, durante ese periodo no recibió atención médica y sufrió un notable deterioro físico.
La familia del preso denunció dificultades para obtener información sobre su estado de salud y aseguró que las autoridades penitenciarias dejaron de responder a sus solicitudes tras negar inicialmente que el recluso estuviera en huelga.
El caso vuelve a poner el foco sobre las denuncias de represalias y condiciones de reclusión en las cárceles cubanas, así como sobre las preocupaciones expresadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos respecto al trato dispensado a los presos políticos.
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