Corrupción de agentes del estado cubano esquilmando a los trabajadores por cuenta propia de la capital

Denuncia 1

Vladimir Diaz Cardero, 66 años, vendedor ambulante en el Reparto “El Camilo” del municipio de Habana del Este. En dos ocasiones ha sido acosado y molestado por una pareja de inspectores de la Dirección de Inspección y Supervisión. La primera vez se le acercaron pidiéndole su licencia como Elaborador y Vendedor de alimentos y bebidas no alcohólicas de forma ambulatoria, además de intentar ponerle una multa ascendente a 100.00 CUP por estar sin moverse por un espacio de tiempo de más de 15 minutos en el mismo sitio. Vladimir pudo salir ileso de esa situación, mostrándole la mencionada licencia y alegando que estaba tomando un descanso en ese momento.

La segunda ocasión fue intervenido por la misma pareja de inspectores, pero esta vez para pedirle los papeles de la procedencia de algunos de los productos que vendía como es el caso de unas galletas de chocolate que se venden en las TRD, antes de que Vladimir les explicara como obtenía ese producto uno de los inspectores le pide 10.00 CUC y olvidaban el asunto.

Al no aceptar tales condiciones y no tener una documentación de la procedencia de las galletas de chocolates, Vladimir fue gravado con una multa de 200.00 CUP. Por lo que decide denunciar un evidente hecho de corrupción, acoso y abuso de poder de las autoridades cubanas sobre los cuentapropistas.

Denuncia 2

Maritza de la Caridad Figueroa, 32 años, propietaria de una mesita de artículos varios en la Feria del Puente de 100 y Boyeros, La Habana. El 6 de enero un Inspector de la Dirección de Inspección y Supervisión junto con un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria realizaron inspección en la feria antes mencionada. Esto agentes de la autoridad detectaron que la empleada que trabajaba junto con la dueña no tenía licencia para realizar este tipo de actividad por lo que decidieron hacerle un decomiso del más del 50% de sus artículos.

Maritza, conocedora de las leyes les reclamó, pues por tales motivos solo debían ponerle una multa ascendente a 750.00CUP. Los oficiales le contestaron de forma inapropiada y le orientaron que se quejara a las instancias correspondientes.

Luego de aquel incidente Maritza ha sido víctima de la burocratización y “peloteo” de las Oficinas de Territoriales de Supervisión y otros organismos de la Administración Central sin tener respuestas y menos aún sus bienes decomisados.

Leer en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos