El gobierno de Daniel Ortega presentó un proyecto de Ley con el que pretende ilegalizar 101 Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en Nicaragua.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que gobierna ese país quiere anular la personalidad jurídica de 101 organizaciones civiles entre las que se encuentra la Asociación Misioneras de la Caridad, de la Orden de la Madre Teresa de Calcuta.
Europa Press informó que la disolución de las ONG fue propuesta por el legislador Filiberto Rodríguez. Se llevará a discusión este martes en la Asamblea Nacional. Las instituciones se dedicaban a actividades agropecuarias, medioambientales, apoyo a la juventud y a la infancia, desarrollo comunitario, religión, salud, caridad, y derechos humanos.
Rodríguez dijo que las ONG no informaron sobre sus estados financieros, ni sobre los miembros de sus juntas directivas, ni han detallado las donaciones que reciben provenientes del exterior.
Las acusa de incumplir la legislación nicaragüense en particular de violar la Ley sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro (Ley 147), la Ley Orgánica del Poder Legislativo o Ley 606, y la Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o ley 977.
El 25 de junio el Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de las instituciones a partir de la publicación del decreto por el Poder Legislativo. De lograr eliminar las 101 ONG se elevará el número de asociaciones sin fines de lucro cerradas en el país a 758, la mayoría de ellas durante el 2022.
DW señaló que el cierre de instituciones comenzó en Nicaragua en diciembre de 2018, pocos meses después de la revuelta popular que fue calificada por Ortega como un intento de golpe de Estado.
En el caso particular de la asociación Misioneras de la Caridad el gobierno nicaragüense asegura que “ha incumplido con sus obligaciones”. No están acreditadas por el Ministerio de Familia para funcionar como guardería, hogar de niñas o asilo de ancianos. Tampoco cuentan con un permiso del Ministerio de Educación para acciones de aprendizaje.
Esta organización se creó en el país en agosto de 1988 durante el primer régimen sandinista (1979-1990).
A finales de mayo Ortega ordenó la disolución de La Academia Nicaragüense de la Lengua, una organización con más de 94 años al servicio de la cultura. En esta ocasión eliminó a otras 83 organizaciones no gubernamentales, con el pretexto de que no estaban inscritas en el registro de “agentes extranjeros”.
En marzo eliminó otras 25 organizaciones no gubernamentales como parte de una serie de acciones que la oposición cataloga como “cruzada del gobierno de Daniel Ortega contra la sociedad civil”.
En febrero fue el turno de las universidades, ilegalizó siete privadas que se sumaron a otras cinco cerradas la semana anterior y a más de 80 instituciones que no podrán ejercer sus funciones.
El argumento de los poderes Ejecutivo y Legislativo, es con frecuencia el mismo: “Han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro”.
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